Todos los grupos municipales apoyaron este punto en el orden del día del pleno de mayo. Una unanimidad que permite ultimar el proceso por el que este Bien de Interés Cultural (BIC) pasa a manos del Ayuntamiento de Daimiel, que lo gestionará con el objeto de proteger la “última venta cervantina” catalogada en toda la comunidad, y proceder a su mantenimiento.
Daimiel Noticias. – La Venta de Borondo pasa a titularidad municipal después del acuerdo unánime alcanzado en el pleno de este lunes por el que todos los grupos municipales respaldaron la propuesta del equipo de Gobierno para que esta casa-quintería pase a manos del Ayuntamiento de Daimiel como “donación pura” de los catorce propietarios. El lugar, integrado en una superficie de 2.100 metros cuadrados, con diferentes habitaciones y dependencias accesorias a una casa de labor y con tres patios y dos pozos, se asocia a Don Quijote de La Mancha y al momento en el que habría sido armado caballero.
Una vez hecho los trámites oportunos para esta cesión, el Ayuntamiento se compromete a salvaguardar el Patrimonio Histórico Artístico y procederá a su mantenimiento. De entre todos los Bienes Inmuebles Protegidos que cuentan con la catalogación autonómica de BIC, solo la Venta Borondo pertenece al grupo de edificios civiles (desde 2007), además de ser la “última venta cervantina” catalogada en toda la comunidad.
A falta de formalizar la donación mediante escritura pública, se cumple así con un proceso iniciado hace cuatro años, como explicó la concejal de Cultura y Patrimonio, Lourdes Rodríguez de Guzmán, quien recalcó la correspondencia de la Venta daimieleña con El Quijote, un relato que le proporciona, resaltó, “un apreciado valor histórico y artístico”, compartiendo la declaración de BIC tan sólo con otra más en Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento, consciente de su significación, culmina un proceso de negociación con el que se “compromete” a “la protección del espacio y la mejora y adecuación de su estado actual”. Un hecho que la edil reconoció “no ha resultado fácil” porque, argumentó, “la situación en la que se encuentra presenta varios problemas”. No en vano, ha tenido que ser intervenida de urgencia sobre el torreón suroeste en 2018, tras dos años previos donde se alertaba de un riesgo alto de derrumbe dado su estado ruinoso. Sin embargo, precisó, la “buena voluntad” evidenciada por el equipo de Gobierno, y junto con la disposición de la asociación cultural que lleva el mismo nombre y que la ha defendido de forma constante y dinámica, “podremos acondicionar el espacio y tratar de integrarlo en la estrategia turística de Daimiel”.
Rodríguez de Guzmán agradeció a todas las personas que han intervenido en este proceso, junto con la asociación Venta Borondo, su disposición por la que han “demostrado” que, “llamando a todas las puertas, trabajando con empeño y mucho esfuerzo, este lugar podría alcanzar la titularidad pública”.
En su turno de palabra, el portavoz de Izquierda Unida, Galo Sánchez-Bermejo, se expresó en dos sentidos: la satisfacción de haber alcanzado una fase de resolución que permite, dijo, “mirar al futuro”, y el reconocimiento a la asociación que ha “insistido” hasta llegar a este punto.
En esa línea, Ramón Galiana mostró su “respeto” por el BIC y el trabajo de la asociación, aunque en su segunda intervención reprobó a la concejal de Cultura que afease la falta de apoyo de la Junta de Comunidades.
El portavoz del equipo de Gobierno, que ejerció de alcalde en funciones por la convalecencia de Leopoldo Sierra, informó que en las próximas semanas se dará “el paso definitivo” a este trámite que ha durado “más de lo deseado” debido a la fragmentación de la propiedad.
Más allá del análisis del procedimiento, Sánchez de Pablo, que calificó de “día histórico” el avance, reconoció a la asociación Venta Borondo su “trabajo, esfuerzo, tesón y saber pedir “lo que ha permitido movilizar a la sociedad civil y sacar adelante un “objetivo, a priori, difícil”. El edil no quiso pasar por alto que, aunque el Ayuntamiento se ha mostrado sensible con la importancia de la Venta Borondo, “la obligación de ayudar es de quien tiene la competencia, que es quien ha de hacer el fuerzo”, refiriéndose a la responsabilidad de la JCCM ante un Bien de Interés Cultural. Jesús David Sánchez de Pablo aprovechó para pedir la colaboración del sector privado en este proyecto que abre un nuevo capítulo al turismo en lo sucesivo.
En el pleno, donde se informó sobre la auditoria de las cuentas 2020 de EMUMASA, también se abordó una modificación puntual de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que implica una modificación de la plantilla de personal amortizándose los de inspector de rentas y exacciones y operario de servicios múltiples y creándose el de administrativo OMIC y auxiliar administrativo de servicios generales y oficial pintor. El concejal de Personal, Román Ortega, justificó la propuesta que ha sido objeto de negociación previa en la mesa de negociación, por el carácter “urgente” para dar cobertura a determinadas situaciones y necesidades de personal que no pueden demorarse hasta el próximo ejercicio.
Ante la solicitud de una comisión específica de empleo de los socialistas y la denuncia de falta de documentación, Ortega les precisó que existe un órgano específico que es la comisión de hacienda y régimen interior por lo que consideró innecesaria la duplicidad, mientras que esgrimió la documentación anexada al expediente. También recordó a IU que es el equipo de Gobierno quien representa a la patronal en la Mesa de Negociación donde se abordan estos asuntos con los sindicatos y que, si atendiesen la inclusión del resto de grupos municipales en este órgano, dificultaría las negociaciones como también remachó el alcalde en funciones, Sánchez de Pablo.
La medida fue aprobada con los votos de los populares, mientras PSOE e IU se abstuvieron.
Se alcanzó la unanimidad en el reparo suspensivo y reconocimiento extrajudicial de créditos una vez explicado desde el PP que vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores, correspondientes a intereses de préstamos a largo plazo e intereses, por importe de 16.255,45 euros y con el informe de intervención en el que se hace constar un “reparo suspensivo”, se proponía resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal, continuando con el expediente y aprobar el reconocimiento extrajudicial por esa cantidad. Para ello, se aplica al superávit que resulta de la liquidación del presupuesto de 2021, de conformidad a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. “Un trámite que se produce para hacer frente a contingencias no prevista y para no paralizar la actividad municipal” como concretó Sánchez de Pablo tras aclarar el formalismo y la causa que lo motivaba, donde se trataba de evitar “poner en riesgo” una operación financiera.
El grupo municipal del PSOE llevó una moción donde planteaba crear la figura de tutores digitales a domicilio para las personas mayores con los monitores de los Puntos de Inclusión Digital (PID), debido a la poca publicidad que de ellos hace y la infrautilización de los mismos. Según expuso la concejal socialista Teresa Ortega, se trata de “ayudarles a familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías” e, incluso, “acompañarlos al banco”. Para ello, propuso dividir el horario de los monitores con la petición de citas previas de tutoría a domicilios y presenciales en los puntos, con un sistema de turnos para que completen su jornada laboral, y que se acercasen los PID a los lugares administrativos como ayuntamiento, juzgados e inem, entre otros.
La propuesta fue desestimada por el equipo de Gobierno que detalló en cifras el alcance del PID en Daimiel con 2.965 usuarios en 2021 en las seis localizaciones existentes. La concejal de Nuevas Tecnologías, María Cruces Sánchez de Pablo, se comprometió a estudiar el traslado del punto situado en la Biblioteca, que también censuró IU, pero defendió la imposibilidad de conferir otras responsabilidades a los monitores que no sean las de la propia naturaleza de los PID, ya que supondría una modificación en sus condiciones de trabajo. Asimismo, detalló la publicidad realizada sobre las acciones de estos puntos en distintos canales de comunicación. Un asunto sobre el que los populares también dejaron la puerta abierta a derivar a través de servicios sociales aquellos casos particulares o de colectivos vulnerables que requieran de un apoyo en la tramitación digital.
Dos ruegos y nueve preguntas pusieron fin a un pleno de dos horas y media entre las que se colaron asuntos relacionados con el trasvase a Las Tablas sobre el que el equipo de gobierno se mostró a favor, la solución a la parafina de las procesiones de Semana Santa y la nueva ornamentación en la glorieta de la Cruz Roja. Como curiosidad, la vuelta a la tribuna municipal de los ediles.
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