El voto del equipo de Gobierno bastó para salvar un asunto que el grupo principal de la oposición (PSOE) utilizó para deslucir la gestión municipal en limpieza, urbanismo y economía y cuyo debate les afeó el alcalde, Leopoldo Sierra, por desviarse del propósito del punto, un trámite ordinario destinado a la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Se desestimó la moción socialista solicitando la implantación del Censo de ADN Canino por el “vacío legal” ante una normativa estatal o sectorial que regule este asunto.
Daimiel Noticias. - El pleno ordinario de mes se celebró este lunes por la noche. Salieron adelante casi todos los puntos del orden del día, dos de ellos fueron los que suscitaron mayor debate: la Cuenta General de 2023 y la moción del PSOE solicitando la implantación del Censo de ADN Canino, con dispares apoyos. También se fijaron los días 1 y 5 de septiembre de 2025 como festivos locales.
La sesión se extendió poco más de una hora y media para los siete asuntos fijados, además de los ruegos y preguntas. Se conoció el estado de ejecución del presupuesto en el primer semestre del año en vigor. También fue aprobada la Cuenta General de 2023 con los votos de PP y VOX y en contra del PSOE.
El principal grupo de la oposición utilizó el debate para deslucir la gestión municipal en áreas como limpieza, cuestionando la productividad de los planes de empleo asignados a este cometido, y en urbanismo, por los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados del estado de algunas vías.
La edil socialista, Sonia González-Mohíno, además pidió con el nivel de endeudamiento rayando el límite permitido (situado en un 75,02%) que se pongan en marcha proyectos municipales de envergadura.
El concejal de Hacienda, Román Ortega, calificó de “laxo” un debate que se extendió 20 minutos para un trámite “conforme a Ley”. No sin antes afirmar que “las cuentas son equilibradas”, rematando así su turno de palabra después de preguntar al PSOE cuántos expedientes patrimoniales finalmente salen adelante.
En respuesta a la argumentación socialista, aclaró la discordancia entre la economía de una Hacienda Local y una doméstica mientras deseó que los datos de 2025 permitan acceder a financiación externa para destinarla a inversiones; un paso que supondría un salto del 186% de endeudamiento al 75% en 13 años.
Sobre este asunto, el alcalde, Leopoldo Sierra, discrepó de los argumentos socialistas ante un punto corriente destinado a “que nos fiscalice el Tribunal de Cuentas y nada más”, mientras reivindicó con la mirada puesta en la reciente Feria que “Daimiel está muy vivo” frente a la postura contraria del PSOE.
Antes de llegar a los asuntos declarados como urgentes, conocimiento de decretos y resoluciones de Alcaldía y los ruegos y preguntas, se debatió la moción del grupo municipal Socialista para la implantación en el municipio de ADN canino.
Moción ADN canino
Aunque el edil de VOX, Juan Carlos Sendarrubias, votó a favor, fue insuficiente este apoyo para dar luz verde a un texto donde los populares desestimaron la propuesta.
La portavoz del PSOE, Teresa Ortega, defendió el censo como “clave” de un método basado en un posible convenio con veterinarios y dirigido a obtener mayor limpieza en el municipio, en detrimento de las heces en la vía pública y con la oportunidad de llevar a efecto la sanción.
Sendarrubias, que en principio subordinó su voto al coste y viabilidad de la iniciativa, finalmente levantó su mano a favor para una solución “difícil” que, dijo, “requiere de valentía” y cuyo coste, planteó, puede distribuirse en varios ejercicios.
Sin embargo, el equipo de Gobierno explicó a través de la concejal de Salud Pública, Prado García-Carpintero, que el sistema solicitado desde el ala socialista tiene un vacío jurídico que de por buena la toma de ADN canino para hacer frente y sancionar los casos de incumplimiento en la recogida de excrementos de perros. “Carece de garantías”, alegó.
La edil Ortega insistió en el cierre de su intervención que la propuesta “es factible, aunque impopular –por el componente sancionador-, y es beneficiosa para el municipio”.
La medida, que también tiene un carácter disuasorio, fue vista con buenos ojos desde el equipo de Gobierno, quien dejó su aprobación a un escenario futuro cuando quede debidamente contemplada y definida la norma estatal o sectorial oportuna que permita poner en práctica esta iniciativa, como concluyó el alcalde, Leopoldo Sierra.
La sesión se completó con cuatro ruegos donde se evidenció cierta tensión por reconducir de nuevo el foco a los asuntos de plenos ya abordados, aspecto que fue recriminado por el primer edil, y por el que finalmente atenuó la situación.
Tras seis preguntas más, se respondieron las cuestiones correspondientes a la última sesión ordinaria de julio, entre cuyas respuestas se coló un dato relevante: la subida de 221 a 258 empresas en el último año.
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