Ayuntamiento de Daimiel

El concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo, señala que con la financiación externa vetada por el bloqueo de GICAMAN, el margen de maniobra para las inversiones con financiación propia en 2022 “va a ser nulo”. Están en al aire “alrededor de 280.000 euros”, según las cifras aportadas por Sánchez de Pablo.

Daimiel Noticias.–  A pesar de que el Ayuntamiento de Daimiel sí movió ficha con la primera sentencia que advertía de la inconstitucionalidad del sistema de cobro del impuesto de las plusvalías en 2017 y que el impacto “será menor” que en otros municipios, el agujero por la eliminación de este impuesto podría alcanzar “alrededor de los 280.000 euros” en las cuentas de 2022, si el Gobierno central no presenta una alternativa para reconfigurarlo.

El concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo, ha asegurado en Radio Daimiel que en el momento en el que todo sea firme “habrá un decreto de alcaldía que anule el impuesto” y eso se reflejaría con un cero en los ingresos por ese concepto en los próximos presupuestos. Así las cosas, y si no llega esa modificación del Ministerio de Hacienda a tiempo, se tendrá que ajustar el capítulo de inversiones municipales, más aún cuando la financiación externa está vetada por el bloque de GICAMAN. “El margen de maniobra con financiación propia va a ser nulo”, admitía.

Así las cosas, Sánchez de Pablo reconocía que le han sorprendido las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde se comprometía a presentar en el Consejo de Ministros “un texto legal para corregir los elementos que se hubieran declarado inconstitucionales”.  Y es que “si ante este problema tan complejo hay una solución tan fácil”, se preguntaba por qué “no se ha hecho antes, sobre todo, cuando el Tribunal Constitucional ya empezó a poner en duda su sistema de cálculo en 2017”.

Algo que sí alertó al Ayuntamiento de Daimiel y desde ese año, se redujeron “los porcentajes y la tasa de gravamen del impuesto”, y además se fueron anulando en Junta de Gobierno todas las liquidaciones donde el ciudadano demostraba que el precio de venta era menor que el de compra. “Nosotros actuamos de oficio, no lo dejamos en manos de los tribunales”, concluía.